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Se prevén grandes pérdidas tras desconfinamiento por COVID-19.

La situación que se vive por la pandemia de coronavirus también genera debate entre los economistas y se ha vuelto a poner de actualidad ante la perspectiva del desconfinamiento, que plantea la disyuntiva entre el riesgo mortal y los desastres económicos o sociales.

El presidente Donald Trump, al ser preguntado el 6 de mayo, cuando la pandemia de coronavirus había causado más de 250 mil muertos en el mundo, si la reactivación de la economía estadounidense costaría vidas, admitió: “es posible que eso ocurra”.

Las medidas de confinamiento, al paralizar la actividad económica, han hecho que se dispare el desempleo y la precariedad. En Estados Unidos, más de 20 millones de puestos de trabajo han desaparecido en un solo mes. En Francia, un mes de confinamiento ha costado tres puntos del Producto Interior Bruto, según el Instituto Nacional de Estadísticas (Insee).

“Se da un arbitraje: vidas perdidas contra pérdidas económicas”, señala el economista estadounidense Daniel Hamermesh, en la página del instituto de investigaciones laborales IZA, recalcando que “todos los economistas lo saben”.

Bryce Wilkinson considera en un artículo para The New Zeland Iniciative, un gabinete de ideas que promueve la libre empresa, que gastar 6.1% del Producto Interior Bruto del país para salvar un máximo de 33 mil 600 vidas estaría justificado.

Pierden millones en Francia y EU

Por su parte, Hamermesh calcula que por cada vida que se salva en Estados Unidos se pierden 200 empleos, es decir, un promedio de 4 millones de dólares de sueldos, mientras que varios organismos federales estiman que el “valor de una vida estadística” se sitúa entre 9 y 10 millones de dólares.

Por ello, salvar vidas es la mejor opción económica, argumenta, sin contar que “una vida se pierde para siempre”, y un empleo no. Puede que la crudeza matemática cause estremecimientos, pero esta noción de “valor de la vida estadística” es de sobras conocido por los responsables políticos de todo el mundo. En Francia, se sitúa en unos 3 millones de euros, según un informe de 2013 de la Comisión general de estadísticas y para la prospectiva.

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