La semana que concluye ha sido una más que desnuda una política exterior mexicana a la deriva, sin brújula, sin congruencia, con una cancillería eviscerada, un Servicio Exterior Mexicano desmoralizado y en los huesos, y un canciller que simplemente no pesa y no ejerce, que constantemente incurre en negligencia profesional en la conducción de la política exterior y al que todo esto parece importarle un pepino. Y no me refiero, como lo he venido haciendo los últimos siete años, al uso escandaloso –y en números jamás vistos en la historia moderna de México– de las titularidades de embajadas, misiones y consulados mexicanos como botín, premio de consolación y moneda de cambio políticos por parte de la llamada 4T, evidenciado nuevamente en estos días con otro ofrecimiento de embajada al más reciente defenestrado del gobierno, Marx Arriaga.
Mi alarma en esta ocasión tiene que ver con el oxímoron de una “Junta de Paz” lanzada y convocada por el presidente estadounidense más belicoso en tiempos modernos, (que ha amagado con anexarse a Canadá y hacerse por la buenas o las malas de Groenlandia) y que celebró su primera reunión en Washington el 19 de febrero. Porque las razones articuladas por el gobierno de México para justificar su posición ante tal entuerto de propuesta trumpiana son de tal contradicción y timoratez que de nuevo demuestran que en Presidencia, por un lado, no hay la más mínima comprensión de las relaciones internacionales, la práctica diplomática o la capacidad de marcar distancia y deslindarse de ideas y proyectos con argumentos sólidos y, por el otro, que no hay un canciller que dirija, oriente, o asesore a la presidenta en materia de política exterior.
La presidenta esta semana explicó que México no había aceptado
participar como integrante de la llamada Junta de Paz por la ausencia de una invitación a “Palestina” en el mecanismo, y que participaríamos en calidad de “observadores”. Parece que se les escapó que, en la praxis diplomática y de las relaciones internacionales, participar como “observador” es, en sí mismo, validar el ejercicio/foro en cuestión.
Esta postura muestra, una vez más, que somos incapaces de articular una posición coherente, congruente, sin rodeos y sin maromas. Entiendo a la perfección que en el contexto de lo que se viene este año en la relación con E.U. el gobierno no quiera contrariar a Trump en público con la postura y respuesta mexicanas, pero lo cortés nunca ha quitado lo valiente ni la capacidad de posicionarse sin aspavientos, sombrerazos, fanfarroneo o demagogia.
¿Cuáles son las razones de fondo por las cuales México, correctamente y por el bien del multilateralismo, piedra angular durante décadas de la acción diplomática mexicana en el mundo, no debe aceptar ser integrante de esta “Junta de Paz”?
Originalmente concebida en Naciones Unidas como un potencial foro u órgano temporal vinculado al alto el fuego y la reconstrucción de Gaza, la iniciativa de una Junta de Paz ha sido secuestrada por Trump y transformada en una especie de institución internacional permanente bajo el control personal y centralizado de Trump, y con un rol futuro poco claro. Según este, la Junta está constituida ahora como una organización permanente para asumir funciones de consolidación de la paz en toda zona del mundo afectada o amenazada por conflictos. Otorga, como si fuese una comisión de control y coordinación de la mafia, autoridad extraordinaria a una sola persona –el presidente inaugural, nombrado personalmente por Trump–, quien controla la membresía, la Junta Ejecutiva y su composición, la toma de decisiones, la estructura por invitación y (como ya vimos con Canadá, cuya invitación fue retirada después del discurso que pronunciara el primer ministro canadiense Mark Carney en Davos) a discreción total de Trump mismo; con la presencia y papel en la Junta con “pago por permanencia”; todo el poder concentrado en la presidencia; y para rematar, la cereza en el pastel: en el caso específico de Gaza, le da todos los derechos de reconstrucción y construcción a su yerno institucional y la interpretación de su carta constitutiva, entre otros aspectos.
Más aún, la “Junta de Paz” representa un giro inaceptable y regresivo hacia el poder centralizado de organismos internacionales y difumina la línea entre los asuntos públicos y privados. Su carta constitutiva monetiza la seguridad y la paz internacionales, vincula de manera cleptocrática privilegios como la membresía permanente a contribuciones millonarias (mil millones de dólares como condición sine qua non para participar) y coloca las funciones ejecutivas y consultivas en manos del yerno y asociados privados seleccionados por Trump, de manera opaca. Por ello no constituye un modelo viable para una organización internacional. Más que un organismo internacional público, parece –como si fuese Mar-a-Lago– un club privado, con membresía solo
